La llegada de la Revolución Bolivariana en el año 1999-de la mano de la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela-, dio inicio a una serie de cambios socio políticos que intentaban dar al traste con un sistema de control social en perjuicio de la mayoría del pueblo venezolano. Venezuela tenía un Estado que su principal misión era mantener el statu quo de la oligarquía criolla, en todos los espacios públicos; así que la aparición de la revolución significo una ruptura del sistema oligárquico y burgués.
La Universidad Venezolana por ser aparatos socios políticos no escapaba de esta irrupción. Fue así como en el año 2000, el gobierno decide mediante decretos presidenciales la intervención de las Universidades Experimentales, Universidades que según la ley estaban bajo la tutela del gobierno pero que hasta el momento no atendía a las exigencias de este. Y una vez el Gobierno nombra autoridades que respondiera a las políticas de este, y no a políticas personales o de grupos de poder universitario. La principal medida impartida por el gobierno a las nuevas autoridades universitarias fue abrir las puertas de las universidades, dar acceso a todos los excluidos del sistema universitario –para esa fecha, representaba más del 70% de la población activa del país-
Esta masificación de la educación universitaria se dio tal cual fue exigido en todas las universidades experimentales, en las cuales comenzó el aumento de la matricula estudiantil en forma exponencial. Los casos más emblemáticos por el aumento de la matricula son los de la UNEFA, UNELLEZ, UNERG, y la UNESR!
Sin embargo, esta realidad significaba que así como aumentaba la matricula estudiantil, de igual forma aumentaba el requerimiento de más profesores para hacerle frente a dicha demanda.
Es por esto que estas universidades comenzaron a contratar personal docente en sus distintos núcleos, extensiones o decanatos. Ahora bien, eso comenzó a chocar con la actual ley que rige las instituciones de educación universitaria “Ley de Universidades, del año 1975”; ya que en esta se establece que la incorporación de personal docente se debe dar a través de procedimientos burocráticos, llamados Concursos Públicos de Oposición” sin embargo el dinamismo de la revolución no daba tiempo para cumplir con esta exigencia de esa ley contraria a la Constitución; por lo cual se fue contratando personal paulatinamente según las exigencias de la demanda estudiantil. Igualmente, se debe agregar que dichos concursos representaba un gran riesgo para la revolución puesto estas universidades estaban tomadas por la derecha burgués y en los procedimientos se establece que quienes deben evaluar a los posibles candidatos a ingresar, deben ser los profesores ordinarios de las instituciones –los cuales todos son de derecha, por lo cual ya sabríamos quienes ganarían esos concursos-.
Esta situación represento un gran reto para la Revolución y los profesionales revolucionarios; darle respuesta a la demanda estudiantil universitaria pero a la vez sortear los impedimentos legales, de leyes obsoletas y apartadas de la dinámica social actual. Pero la constancia y apego a la batalla por pueblo se pudo avanzar y lograr el objetivo de la inclusión y masificación universitaria, sin dejar a un lado la calidad de los profesionales formados.
No obstante, el logro de este objetivo se obtuvo en detrimento de los trabajadores universitarios quienes aceptaron ciertas condiciones que contrarían las leyes de la república en cuanto a políticas laborales y de justicia social. Como resultado de esto, aunado a problemas de gerencia de estas universidades, actualmente se presenta una situación de injusticia social para todos los trabajadores de estas universidades experimentales; tanto el personal obrero, administrativo y docente.
Es así como se han incorporado venezolanos a trabajar en estas universidades como personal obrero, administrativo y docente; pero sin seguridad social ni estabilidad laboral alguna; recibiendo una remuneración poco justa a su trabajo, recibiendo pagos en periodos que van desde seis (6) meses y a veces hasta un (1) año; violando todas las leyes -tanto las de la V República, como de las IV República-.
Existe una violación a la Ley Fundamental -la Constitución de la República-, la Ley Orgánica del Trabajo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 91, lo siguiente: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por igual trabajo… …El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente…”.
Por ejemplo, en el caso de la UNESR, esta presenta una situación donde tiene personal Obrero y Administrativo que no le pagan cesta ticket, les pagan en efectivo cada seis meses, no les pagan vacaciones, ni bonos de fin de año –los 45 días establecidos en ley-. Y lo peor, si reclaman amenazan con sacarlos del cargo y buscarse otra persona que los sustituya. Muchos tienen más de tres años en esa situación, mientras las autoridades rectorales cobran mensualmente todos los beneficios y ellos tienen poco más de un año en el cargo. ¿Será que sí fueran ellos quienes estuvieran pasando por esa situación aguantarían la misma? De seguro, estoy que no.
Sobre el personal docente existe otras realidades, más del 80% de los profesores son contratados: personal docente contratado a tiempo completo –dedicados sólo a las universidades-, docente contratados a medio tiempo –por lo general trabajan en otras organizaciones-, docentes contratados a tiempo convencional seis (6) horas –trabajan en otras organizaciones-, unos con periodos que oscilan entre un año y otros llegan a tener la misma cantidad de años que tiene la Revolución Bolivariana, es decir 12 años de contratados. Algunos tienen los beneficios de cesta ticket, pago de salario periódico (quincenal), vacaciones, bonos, y demás beneficios de leyes; sin embargo una la mayoría de este 80% no reciben pago de cesta ticket, vacaciones, bonos de fin de año, ni pagos periódicos –les pagan de seis (6) a seis (6) meses-. Se entiende que según las leyes de la República aquellos docentes o personal que trabaja en otras organizaciones no pueden percibir doble beneficio de cesta ticket, vacaciones, bonos de fin de año, ni prestaciones porque se supone que en su trabajo principal tiene todos esos beneficios y no puede tener ese doble disfrute.
En tal sentido, la Revolución Bolivariana tiene actualmente este gran reto y deuda social con los trabajadores y trabajadoras de las Universidades Experimentales; reto que desde mi óptica representa uno de los actos más injustos de la revolución bolivariana.
La solución a esta problemática tiene varias vertientes, sobre el aspecto de los trabajadores administrativos y obreros es un acto que no tiene nombre y que su solución pasa simplemente por cumplir con la Constitución y la Ley del Trabajo; con solo hacer eso y que las autoridades nacionales tengan disposición y voluntad política de solucionar dicho problema se soluciona; dinero hay, además Venezuela tiene al Presidente con la mayor sensibilidad social y humana posible por sí no lo hubiera él lo consiguiera. Tengo entendido que dicha situación se presenta sólo en la UNESR.
Sobre la situación del personal docente, tengo entendido que pasa en la UNEFA, UNELLEZ, UNERG y UNESR, no se tiene seguridad social, pagan por periodos semestrales, sin beneficios de seguridad social. Este problema es más complejo, ya que según la ley de Universidades –desfasada de la realidad actual y contraria a la Constitución Nacional-, se establecen unos mecanismos de ingreso docente que las actuales autoridades rectorales de estas universidades se niegan a poner en práctica y donde lo ponen en práctica hay muchas irregularidades con dichos procedimientos. Se habla de concursos amañados, arreglados, impugnados, anulados; es decir que son más los problemas que causan que la solución que generan. Además que es una contrariedad, ¿Cómo le van a exigir a un profesor que tiene dos, tres, cinco, y hasta diez años trabajando para una universidad que se someta a un concurso para ingresar? ¡Es una burla!
Creo que la solución es muy sencilla: un reglamento interno de cada una de estas universidades donde se establezca que aquellos profesores con más de tres (3) años de servicio en su institución pasan automáticamente, a la categoría instructor y de allí en adelante deben someterse a criterios de ascenso establecidos en dicho reglamento y menos burocráticos que los que establece la Ley de Universidades. ¿Quién me diga que eso está contra la Ley de Universidades? Le respondo que para hacer todo lo que se ha hecho en materia de educación universitaria con la revolución se ha tenido que hacer caso omiso de dicha ley, ley que de paso colida con la Constitución Nacional.
Pero como en estos doce años de revolución me he dado cuenta que el único que tiene la voluntad de tomar este tipo de decisiones revolucionarias y que trastocan el sistema burgués es el Comandante Chávez, sería mucho pedir que los Rectores de nuestras universidades experimentales tomen esas medidas.
En tal sentido, como la excusa pudiera ser legal y política, entonces la propuesta sería que el Presidente de la República en ocasión de los poderes habilitantes y en vista que la discusión y aprobación de la Ley de Educación Universitaria no se ha vuelto a tocar por la Asamblea Nacional, entonces que el Comandante Chávez promulgue un decreto con rango, valor y fuerza de ley llamada:“Ley de Reivindicación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Universitaria” donde se establezca y norme lo concerniente a esta situación y permita solucionar este problema de inseguridad social de los trabajadores universitarios. ¡Así ya no habrá excusa!
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